La Democracia Digital relaciona
el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) con
un avance democrático. La premisa es que las TICs ofrecen hoy día nuevas
posibilidades técnicas para que exista una relación más fluida entre las
Administraciones Públicas y la ciudadanía en su conjunto, con más y mejor
información, de modo que esta nueva relación se traduce directamente en una
mejora de la gestión pública, que se vuelve más eficaz, más eficiente y más
justa.
Sin embrago, estas aspiraciones
no son ajenas al contexto institucional en el que surgen, a la cultura
institucional en la que se desenvuelve nuestra democracia representativa y a
los vicios de la gestión pública. En el origen de las diferentes propuestas
hacia una nueva Democracia Digital se habla mucho del hartazgo generalizado por
la distancia entre la ciudadanía y las Administraciones, que las nuevas
tecnologías vendrían de alguna forma a paliar. Pero no se nos esconde que los
debates sobre la incorporación del elemento tecnológico a la gestión pública
pueden adolecer de los mismos vicios que han ensanchado esa distancia.
No podemos soslayar que hablamos
de democracia en un momento de concentración acelerada del poder político hacia
el poder ejecutivo, que conlleva el vaciamiento de la democracia de su elemento
deliberativo. La democracia representativa está degenerando paulatinamente
hacia una democracia transaccional, yo diría hasta “comercial”, que reproduce
las mismas lógicas de la gran empresa capitalista. La deliberación pública como
tal ha dejado de existir para trasladarse al ámbito de los generadores
-privados- de opinión pública: las direcciones de los participados políticos,
los lobbies de presión corporativos de todo tipo, y los medios de comunicación,
fuertemente condicionados por los anteriores. Estos agentes, convertidos en
grandes conglomerados “comerciales” (las comillas, obviamente sobran en algunos
casos), pugnan por el acceso al poder, que una vez alcanzado, ejercen como la
empresa que produce una mercancía para el mercado de masas. Hablamos de
democracia en la era de la tecnocracia y el gerencialismo en la gestión
pública, cuando las Administraciones son percibidas como meras prestadoras de
servicios ideológicamente neutros y exclusivamente evaluables en términos de
calidad.
Es en este contexto donde el
desarrollo de las TICs ha sacado lustre al mito de la “asamblea total” posible
en el espacio virtual, dando lugar a diferentes conceptos y propuestas que es
interesante saber definir y diferenciar:
- Open Data o Datos Abiertos
- Open Government o Gobierno Abierto
- Democracia Directa o Democracia 4.0
Open Data o Datos Abiertos
El Open Data o Datos Abiertos es
el movimiento que tiene como objetivo facilitar el acceso universal a la
información de carácter público, entendida ésta en sentido amplio, como todo
tipo de información generada y en manos de las Administraciones Públicas.
El derecho de acceso a la
información pública se sustenta como reivindicación en el derecho a la libertad
de expresión: el punto de partida es que no existe libertad de expresión si se
carece de la información relevante de aquello sobre lo que una persona quiere
opinar, influir o decidir.
De esta forma, el Open Data
promueve la transparencia de la gestión pública, como una condición para el
pleno desarrollo de los derechos subjetivos de la persona, al abordar el acceso
a la información pública como un derecho derivado de un derecho fundamental
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El open data es un movimiento social
cada vez más fuerte, con un discurso muy elaborado (también a nivel académico)
y con actores organizados a nivel internacional, que tratan de presionar a los
gobiernos y organismos internacionales para que adopten estándares de
transparencia exigentes en el ejercicio de sus actividades (Access Info Europe,
Transparency International, etc.).
Pero aunque los Datos Abiertos
parten de un interés ciudadano legítimo, es un ámbito en el que también existen
intereses comerciales de empresas que perciben el tratamiento de la información
pública como una oportunidad de negocio, consistente en la prestación de
servicios privados a partir de dicha información (por ejemplo, la información
meteorológica). No hay que ser demasiado perspicaz para saber que las grandes
empresas tienen depositadas muchas expectativas en este campo, y que parten con
ventaja en el aprovechamiento comercial de la información pública.
Open Government o Gobierno
Abierto
El Open Government o Gobierno
Abierto persigue una nueva forma de gobierno donde exista una comunicación más
fluida entre las Administraciones y los Administrados, que permita adecuar
mejor la gestión pública a las necesidades de la ciudadanía.
Está relacionado con el concepto
de Buen Gobierno o Gobernanza, y a diferencia de los Datos Abiertos, no es
tanto un movimiento social como una tendencia en el ejercicio de la gestión
pública, donde el liderazgo es más gubernamental que ciudadano.
El Gobierno Abierto es un
concepto más amplio que el de Datos Abiertos:
- Por una parte, el Gobierno Abierto coincide con los Datos Abiertos, en la búsqueda de mayor transparencia en la gestión pública (por tanto, el Gobierno Abierto incluye los Datos Abiertos).
- Pero por otra parte, el Gobierno Abierto incorpora además la demanda de mayor participación ciudadana en la aplicación de las políticas públicas, lo que se traduce en incluir medidas encaminadas principalmente a la rendición de cuentas y a la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana.
En cualquier caso, hay que llamar
la atención sobre cómo la propuesta del Gobierno Abierto viene normalmente
asociada a la mejora de los intercambios de información entre la Administración
y los administrados, así como a la mejora de los servicios públicos,
especialmente para que la ciudadanía reciba una atención más personalizada,
donde el uso de Internet es primordial.
El modelo de participación
ciudadana que proyecta el Gobierno Abierto se refiere a procesos telemáticos (a
distancia) de intercambios de información entre la Administración y los
usuarios/as individuales. De ahí que el Gobierno Abierto esté también muy
asociado al concepto de e-Gobernanza.
Además, al hablar de
participación ciudadana, el Gobierno Abierto mantiene la ambigüedad en cuanto a
la naturaleza de la participación que quiere promover, y en la mayoría de los
casos afecta a la apertura de procesos meramente consultivos donde las
Administraciones gozan de grandes dosis de discrecionalidad.
Pero en cualquier caso, se trata
de una participación ciudadana “transaccional” y “codificada” a la medida del
instrumento (Internet), que desestima otros elementos que son esenciales para
una participación ciudadana entendida como derecho político.
Gobierno Abierto
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Participación Ciudadana
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Mantiene
asimetría Estado – Ciudadanía. Participación otorgada
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Aspira a
la horizontalidad. La participación como derecho político
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Prevalecen
los saberes políticos y técnicos sobre los vivenciales. Estratificación de
acuerdo a funciones y roles de la organización de la Administración Pública
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Validez de
los saberes políticos, técnicos y vivenciales. Movilidad de funciones y roles
sociales (construcción colectiva)
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Legitimidad
representativa: pone en marcha procedimientos (sustentados por el Estado)
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Legitimidad
participativa: genera procesos (autosustentados)
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Responde a
la norma
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Responde
al sentido
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Prevalece
la garantía de derechos (formales, individuales)
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Prevalece
la satisfacción de necesidades (reales y sentidas, individuales y
colectivas).
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Oferta
“productos” institucionales (cuantificables). Marketing institucional.
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Persigue
realizaciones materiales e inmateriales (autoevaluables por la ciudadanía)
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Admón.
Pública-proveedora, Ciudadanía-usuaria
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Corresponsabilidad,
Interdependencia
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Codificación
simplificada: la realidad en términos de “problemas” (consultas, demandas,
reclamaciones, etc.)
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Complejidad:
pluriformidad de la comunicación
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Número
limitado de cauces. Reglamentación
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Número
abierto de cauces. Autorreglamentación
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Aportaciones
sumativas (“inteligencia colectiva” a posteriori)
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Deliberación
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Intercambio
de mensajes (transsacciones)
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Incorpora
la colaboración en la gestión: co-gestión, autogestión
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Prevalece
el uso de Internet
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Uso
accesorio de Internet (una vía, no la única). Valor del cara-a-cara (culturas
populares)
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Invierte
en los canales (plataformas virtuales, aplicaciones)
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Invierte
en dinamización
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Ambigüedad
respecto al nivel de vinculación
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Participación
vinculante
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Beneficio
individual
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Lo
colectivo como valor (convivencialidad)
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Democracia Directa o Democracia 4.0
La aspiración por la democracia
directa no es ni mucho menos nueva. Y como venimos diciendo, el desarrollo de
las TICs ha sacado lustre al mito de la “asamblea total” en el espacio virtual.
Hasta el punto de dar pie a la propuesta Democracia 4.0, que reclama para cada
persona su parte alícuota de soberanía, y el derecho a ejercerla en las
votaciones de las diferentes cámaras representativas a través de mecanismos de
votación electrónica.
Se trata por tanto de una
reivindicación pretendidamente crítica con la democracia representativa y el
comportamiento de sus instituciones, que surge de determinados movimientos
sociales.
Sin embargo, no hay que soslayar
la influencia liberal y tecnófila de esta propuesta, que le permite ser
fácilmente asimilada por los discursos del Gobierno Abierto, con los que
comparte casi todos sus inconvenientes y a los que añade ventajas poco
significativas: salvo la inequívoca finalidad de participar para decidir, la
propuesta de la democracia 4.0. sólo ofrece la posibilidad de votar cuando se
nos solicite, con una capacidad de incidencia en las decisiones ciertamente
limitada [por no hablar de su remota viabilidad jurídica, dado que el Tribunal Constitucional persigue con celo cualquier intento de incluir mecanismos de democracia directa bajo la forma de procesos de participación ciudadana, para preservar el carácter excepcional de la democracia directa dentro de un régimen de democracia representativa como el que alegadamente instaura la Constitución de 1978 - revisar especialmente la STC 119/1995, de 17 de julio].
De hecho llama especialmente la
atención su escasa capacidad crítica con el tratamiento burocratizado de las
decisiones políticas, que la propuesta no aborda. De aquí que podamos afirmar
que la democracia 4.0 constituye una fórmula alternativa para establecer el
sentido de las decisiones políticas, que se expropian de las manos de los
políticos, en su supuesta misión de meros intérpretes e intermediarios de la
voluntad popular. No obstante, la democracia 4.0. es esencialmente una
propuesta tecnócrata respecto a la organización del cuerpo social y el
tratamiento de las decisiones políticas, que siguen en manos de profesionales y
expertos. El sustrato de la propuesta continúa siendo la creencia en “el
gobierno de los mejores”, y se desliza suavemente hacia el implacable escenario
del final de las ideologías. Por este motivo la valoración de esta propuesta es
que no supone ningún avance democrático sustancial en los derechos políticos de
la ciudadanía.
UNA DEMOCRACIA DIGITAL AL
SERVICIO DE LAS DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS
¿Es posible una Democracia Digital al servicio de las democracias participativas?
No podemos ser ajenos a los sesgos de las propuestas planteadas, que suelen centrarse en favorecer un intercambio más fluido de información entre la Administración y la ciudadanía, sin atender a otros factores fundamentales de la participación, como el valor de lo colectivo, el derecho a decidir, la participación en la gestión, por no hablar de cuestiones del acceso (la famosa brecha digital).
No podemos ser ajenos a los sesgos de las propuestas planteadas, que suelen centrarse en favorecer un intercambio más fluido de información entre la Administración y la ciudadanía, sin atender a otros factores fundamentales de la participación, como el valor de lo colectivo, el derecho a decidir, la participación en la gestión, por no hablar de cuestiones del acceso (la famosa brecha digital).
La premisa con la que parten
estos planteamientos, de que la información es la primera condición para la
participación, es bastante matizable. Las posibilidades de participación no
dependen tanto de que la ciudadanía cuente con más información, ni de que
Administración y ciudadanía dispongan de determinadas herramientas para el
intercambio fluido de información. La verdadera diferencia la va a marcar el
hecho de que la Administración en cuestión asuma que poner en práctica la
participación ciudadana implicará realizar cambios internos en sus formas de
funcionamiento. Y esos cambios deben producirse en aspectos sensibles y
demandados por la ciudadanía. En participación la credibilidad lo es todo, y la
credibilidad viene de la mano de los resultados. La participación tiene que ser
palpable y útil para la ciudadanía.
Además de estar dispuestas a
generar cambios organizativos y que afecten a cuestiones centrales de la
gestión pública, las Administraciones deben ser conscientes de que las
herramientas para la participación ciudadana a través internet cuentan con un
hándicap difícil de neutralizar. Son herramientas donde las personas participantes,
en su mayoría, carecen de las capacidades para alterar la propia herramienta.
Existe siempre, por tanto, un elemento de convocatoria, por el cual los
administradores de la herramienta convocan a otras personas en calidad de
usuarias de la misma, generando desde el comienzo unas relaciones de poder a
partir del dominio de la herramienta, difíciles de corregir a través del solo
ejercicio continuado de la participación en la misma. Esto hace de la
participación a través de medios electrónicos una participación “a la medida”
de la herramienta, es decir, que configura al cuerpo social según el diseño
predeterminado de la aplicación. Por eso la participación electrónica es
siempre insuficiente, siempre está necesitada de formas más inmediatas y
apropiables de participación que la complementen.
Por último, abundaríamos en lo
que todos sabemos: que existen líneas rojas que el necesario control público de
las Administraciones no puede pasar por alto. Una es la inoperatividad de la
gestión: no podemos plantear instrumentos que acaben paralizando la gestión. Su
aplicabilidad debería responder a una decisión política en cuanto a la
disposición y capacidad de los organismos para incorporar la participación
ciudadana en su actividad dentro de unos plazos estipulados y razonables para
todas las partes. Y habría otra línea roja más sutil que queremos resaltar, que
es la propagación de una cultura de la desconfianza. La desconfianza se genera
principalmente cuando se concibe la acción política como un ejercicio puramente
declarativo (ideas, planteamientos, decisiones, que las Administraciones deben
“ejecutar”), despreciando el terreno de lo concreto, el ámbito de la gestión,
como espacio capaz de suscitar la colaboración mutua entre ciudadanía y
Administraciones desde nuevas formas de organización. De esta forma habría que
huir de la participación que se fomenta exclusivamente para la realización de
diagnósticos, la generación de propuestas, la identificación de objetivos y el
control de resultados, pero que no avanza en formas de gestión participativa de
los recursos, los servicios y la actuación pública. La participación que no
aterriza en lo concreto alienta la sospecha y destruye más de lo que es capaz
de construir.
Algunas propuestas
Una vez realizadas estas consideraciones, es oportuno señalar que las Administraciones tienen un amplio camino por recorrer para mejorar su gestión integrando mecanismos electrónicos que faciliten la participación ciudadana. A continuación realizamos algunas sugerencias.
En primer lugar, habría que
considerar los instrumentos orientados a la mejora de la trasparencia de la
información pública, que en principio no deben acarrear demasiados costes
adicionales ni problemas para su puesta en marcha por parte de las
Administraciones. En general, al centrarse en la información, los diferentes
mecanismos que favorecen la transparencia son propuestas limitadas como
herramientas expresamente de participación, pero algunas pueden ser un avance
interesante, al permitir a la ciudadanía un cierto control de las políticas públicas
y ofrecer cierto margen de libertad para introducir determinados temas en la
agenda política. En este espectro de instrumentos estarían las aplicaciones de
seguimiento de la actividad pública y rendición de cuentas (de la actividad
legislativa o del desarrollo de actuaciones, procesos de planificación; también
las Agendas Públicas y las herramientas de visualización de los presupuestos y
sus niveles de ejecución), así como las aplicaciones para demandar públicamente
información y los foros virtuales para la respuesta pública a preguntas de la
ciudadanía.
La relación con la ciudadanía en
calidad de personas interesadas en los procedimientos administrativos (la
concesión de permisos y licencias, el pago de tasas e impuestos o la
tramitación de ayudas y subvenciones, por ejemplo) suele despreciarse a la hora
de valorar posibles avances en democracia digital. Sin embargo la
generalización de la Administración electrónica está convirtiendo cada vez más
a la población en usuaria digital. Internet se está convirtiendo en el
principal medio de comunicación entre Administraciones y ciudadanía (y para
algunos trámites, en el único). Una política transversal de transparencia y
participación sería insuficiente sin la revisión de los criterios operativos de
la gestión telemática que, como poco, fuese más “amigable”, pero aspirando a
que los usuarios de un servicio público pudieran constituirse progresivamente
en una comunidad que conoce y evalúa colectivamente ese mismo servicio. En este
sentido, cobran mayor significado las medidas de “socialización” de los
registros de personas y/o entidades usuarias o beneficiarias de la actuación
pública. La constitución de redes sociales de personas y/o entidades
interesadas en distintos aspectos de la actuación pública a partir de las
numerosas bases de datos e incluso registros creados al efecto, tiene su
interés como espacio de deliberación pública para favorecer la evaluación
participativa de las políticas públicas, brindando canales para la generación
de puntos de vistas alternativos sobre la actuación de las administraciones y
herramientas que favorezcan la auto-organización.
Todos ellos parecen instrumentos
viables, si bien habría que destacar que deben tratarse de instrumentos
complementarios donde no puedan adoptarse de forma autónoma decisiones
públicas, al estar incluidos en procesos integrales donde operen otros
instrumentos de participación no virtuales que favorezcan la inclusión de otras
personas y formas de participación en los mismos.
Un capítulo aparte merecen las aplicaciones
web que funcionan como distintas variaciones de un "foro público", destinadas a
la generación y deliberación de propuestas de y con la ciudadanía. Internet
ofrece hoy día grandes posibilidades de acceso a la información, de puesta en
relación de puntos de vista distantes, en el más amplio sentido de la palabra;
de contraste de argumentos, y de generación de apoyos y consensos, todas ellas
ciertamente aprovechables para la cooperación en la elaboración de discursos.
Wikipedia representa el paradigma, sobre el que se ensayan otras propuestas
interesantes, entre las que podría destacar la sugerente “wiki-legislación”.
Bajo distintas formas, más o menos ambiciosas, se constituyen foros que
permiten esa suerte de deliberación pública a la que no pocas voces aplican el
calificativo de “inteligencia colectiva” no sin cierto triunfalismo (en la
mayoría de los casos, la pretendida “colaboración” no suele pasar de la mera
“adición” de aportaciones. Y si se consiguen algún grado de elaboración
colectiva, el hecho de desarrollarse en el espacio virtual no las vacuna de las
omnipresentes relaciones de poder). Más allá de las ventajas de estas
herramientas colaborativas, habría que llamar la atención sobre los puntos que
viene a limitar significativamente su alcance.
Así, este tipo de aplicaciones
son de dudosa utilidad si no se enmarcan dentro de procesos más amplios donde
por parte de los poderes públicos exista un compromiso previo de vinculación
(esto es, que los procesos sean decisorios y las decisiones se lleven a
efecto). En la actualidad se da una competencia de múltiples iniciativas
privadas, con y sin ánimo de lucro, por ocupar un espacio de preponderancia
social para albergar este tipo de debates que, en definitiva, deberían ser
públicos. Por tanto, deberían ser las Administraciones las que albergaran y
garantizaran el funcionamiento de estos espacios. Sin embargo, no están a ello
las Administraciones, que cuando los crean, y es el segundo escenario, suelen
tratarse de espacios virtuales de cara a la galería, para dar muestra de un
poder clientelar omnímodo, frente al mero desahogo de la población “implicada”
y familiarizada a las formas y códigos planteados desde la institución (la
eterna lucha entre personas y colectivos afines y/o contrarios a la acción de gobierno,
que no escapa del radio del movimiento asociativo). Los debates que se albergan
en ellos, en este caso, son socialmente insignificantes por su escaso
pluralismo, no tienen ninguna incidencia en la toma de decisiones y, por
descontado, no contribuyen al desarrollo de los derechos políticos de la
ciudadanía. La banalidad de estos foros virtuales radica así, por una parte, en
su falta de oficialidad (difícilmente pueden calificarse de públicos), y por
otro lado, en su carácter excepcional y anecdótico dentro de los mecanismos
políticos para la formación de la toma de decisiones, que siguen ajenos a la
mayor parte de la ciudadanía.
Para evitar estos males endémicos
en los foros virtuales, por el que han sucumbido no pocas iniciativas y en las
que se han malgastado no poco recursos públicos, de nuevo hay que insistir en
que este tipo de herramientas deben estar integradas dentro de una propuesta de
participación más inclusiva, y donde posibles aplicaciones deben ser un
complemento a procesos más amplios e integrales, con momentos de participación
presencial. Los espacios y foros virtuales tienen sentido como apoyo para
procesos participativos, y no pretender significar por sí mismos una forma de
participar.
